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Legalize Drugs
August 26, 2001
EL TIEMPO
Se reabre el debate sobre
legalización de la droga
La legalización efectiva de
las drogas se hará realidad sólo cuando los mayores polos de consumo y lavado de
dólares decidan poner fin al prohibicionismo. Es la conclusión de Juan Gabriel
Tokatlián, un experto en el tema, que hace una revisión histórica del porqué no ha
prosperado la iniciativa de despenalizar las drogas.
El reciente proyecto de ley a
favor de la legalización de drogas presentado por la senadora Viviane Morales debe
ubicarse en una perspectiva histórica y comparativa para su mayor comprensión.
En general, el tema de la
legalización de los narcóticos en Colombia, que se inicia en los setenta, ha tenido
algunos elementos principales. En primer lugar, el debate fue reducido. Se concentró
en unos observadores, periodistas, intelectuales y políticos que, con cierta periodicidad
y varios argumentos relativamente sólidos, sugerían la conveniencia de que el país
–por lo general, en conjunción con otros actores externos– legalizara las
drogas.
En segundo lugar, los funcionarios
gubernamentales mantuvieron una posición desfavorable. Diferentes autoridades, con grados
diversos de poder y en distintos momentos, rechazaron la consideración de tal opción
y, menos aún, su reivindicación o promoción por parte del gobierno colombiano.
En tercer lugar, la polémica
sólo fue circunstancial. En coyunturas difíciles y particularmente violentas se
escucharon voces en favor de la legalización. Este carácter episódico le daba calor a
los planteamientos pero impedía generar una coalición social y políticamente
gravitante que, a su vez, pudiera profundizar el tema en el terreno interno y proyectar el
tópico en el campo externo.
En cuarto lugar, la idea de
legalizar estuvo vinculada, en parte, a fenómenos internacionales. En los 70, las
propuestas de legalización en torno a la marihuana se apoyaban en que, por ejemplo, en
Estados Unidos, un número relevante de estados habían despenalizado la dosis personal:
entre 1973 y 1979, once estados –que incluían un tercio de su población–
descriminalizaron la posesión de pequeñas dosis de marihuana y, entre ellos, Alaska fue
más allá y legalizó tanto el cultivo como el uso de cantidades reducidas de marihuana.
Incluso en el legislativo
estadounidense se observaba un espíritu menos draconiano. Por ejemplo, en agosto de
1978, el Congreso adoptó la Enmienda Percy, por la cual se prohibía el apoyo
gubernamental a la fumigación con herbicidas de plantaciones de marihuana en el exterior
si esa práctica generaba riesgos para los consumidores estadounidenses. En los 80,
las iniciativas favorables a la legalización tomaban como punto de referencia algunas
experiencias europeas en el manejo menos severo de ciertas drogas. Los pocos y limitados
debates internos seguían los acontecimientos que en esta materia se iban produciendo, en
especial, en E. U. y Europa.
Y en quinto lugar, la
presencia oficial estadounidense en torno a este asunto fue reiterada e inexorable.
Funcionarios asistían a seminarios, organizaban conferencias, difundían publicaciones y
auspiciaban encuentros para precisar la negativa de Washington a cualquier hipotética
tesis en favor de legalizar las drogas. El peso gubernamental estadounidense se hacía
sentir para transmitir un mensaje contundente a la sociedad y el gobierno colombianos: no
a la legalización.
Samper, el primero
Desde los 70 se presentaron
varias voces colombianas en favor de la legalización. Un protagonista central fue, por
ejemplo, Ernesto Samper Pizano, quien el 15 de marzo de 1979, como presidente de Anif,
propuso la legalización de la marihuana.
El entonces contralor general
de la República, Aníbal Martínez Zuleta, se manifestó partidario de emprender la
legalización de la marihuana, al igual que el presidente de la Bolsa de Bogotá, Eduardo
Góez; y el ex presidente de la Corte Suprema Luis Sarmiento Buitrago. El ex alcalde
liberal de Bogotá, Bernardo Gaitán Mahecha, se inclinó a favor de la tesis sobre la
legalización; asimismo lo hizo el general retirado José Joaquín Matallana, el
reconocido dirigente cafetero Leonidas Londoño y el entonces presidente del Senado
colombiano, Héctor Echeverri Correa, entre muchos otros.
El ex presidente Alfonso
López Michelsen, por su lado, señaló en 1981: "...lo que dice Ernesto Samper es
muy cierto, así no estemos de acuerdo con la legalización o la no legalización. De
todas maneras es necesario tener una posición y no refugiarse en conceptos morales para
hablar, con un sentimiento de culpa de la economía subterránea, de los dólares
clandestinos, de los ciudadanos emergentes. Toda una fraseología que escapa al
pragmatismo económico para entrar en el rango de las calificaciones morales que son muy
valiosas, que son normas de conducta individual, pero que no pueden ser materia de
análisis ni de estudio científico de ningún problema, porque una cosa es la ciencia,
otra cosa es la moral, cuando de investigar las leyes sociales se trata".
Despenalización parcial
Durante la primera parte de
la década de los 80, los debates sobre el tema eran cada vez más esporádicos. Bogotá
empezaba a vivir el dilema de la aplicación o no de la extradición de nacionales; se
eclipsaron los foros a favor de la legalización y se expandieron otros en contra de la
extradición.
En el período 1984-1986,
el selectivo y abrumador nivel de narcoterrorismo hizo revivir, temporalmente, el debate
alrededor de la legalización. En este caso, fue el periodista Antonio Caballero
quien articuló de modo más preciso la tesis en favor de la legalización: su iniciativa
implicó un salto significativo frente a la propuesta original de Samper ya que
involucraba toda la cadena del negocio de los narcóticos, se concentraba en la
coca/cocaína, y no sólo en la marihuana, y desplegaba una crítica frontal a la
prohibición estadounidense.
A comienzos de los 90, la
polémica tuvo más participantes. Un estudio de la Universidad de los Andes, titulado
'Narcotráfico en Colombia', propuso "explorar la despenalización parcial del
problema". Varios periodistas renombrados, como Enrique Santos, Daniel Samper y
Antonio Panesso, reiteraban la pertinencia de considerar la legalización de las drogas.
Ciertos intelectuales influyentes, como Gabriel García Márquez, apoyaban esa tesis.
Reputados académicos, como Alvaro Camacho Guizado, Hernando Gómez B., Ricardo Vargas,
Ricardo Sánchez y Rodrigo Uprimny, analizaban las bondades de la idea. Incluso, ciertos
políticos, particularmente conservadores, como Enrique Gómez Hurtado y Mario Laserna,
opinaban en favor de esa alternativa.
Desde el Estado mismo
Pero, en general, Colombia no
era testigo de una discusión frecuente alrededor de esa opción y de cómo superar el
prohibicionismo vigente. La política de sometimiento durante 1990-91 y la no extradición
de nacionales consagrada en la Constitución de 1991, ocupaban la mayor atención del
país. Ambas medidas parecían distanciar la necesidad de ampliar la controversia en torno
a la cuestión de los narcóticos y su potencial resolución mediante una estrategia
legalizadora. Además, se suponía que aquellas –la política de sometimiento y la no
extradición de nacionales– iban a ‘domesticar’ y ‘pacificar’ a
los traficantes más agresivos y violentos.
La fuga de la cárcel de
Pablo Escobar en 1992, el rebrote del narcoterrorismo, los límites de la estrategia de
sometimiento, el desarrollo de una narcocriminalidad organizada asertiva en el país y los
crecientes fracasos de la política antidrogas de Estados Unidos y sus efectos en
Colombia, contribuyeron a generar un espacio para el relanzamiento de las tesis en favor
de la legalización.
Los contornos y los
contenidos de esta nueva polémica fueron notablemente distintos a los comentados. En
1993, la controversia sobre la legalización en Colombia no se limitaba a la aparición de
propuestas favorables desde segmentos de la sociedad y respuestas negativas desde el
conjunto del Gobierno, sino que adquiría una nueva dimensión: desde el Congreso, la
Fiscalía y la Corte Constitucional –es decir, desde el Estado mismo– se
presentaban determinaciones de apoyo a las tesis legalizantes.
Aunque no prosperó, el
Representante de la Alianza de Retirados Nacionales (Arena), el militar (r) Guillermo
Martinezguerra presentó en agosto de 1993 un proyecto de ley para que Colombia convocara
una convención de Naciones Unidas para despenalizar gradualmente las drogas. A pesar de
no tener un efecto significativo, una Comisión Accidental del Senado presentó el 15 de
diciembre de 1993 un informe favorable a la despenalización progresiva de los
narcóticos.
Por su lado, el Fiscal
General de la Nación, Gustavo de Greiff, se mostró partidario de evaluar la
legalización. Hacia finales de 1993, en dos encuentros distintos –uno en octubre en
Bogotá y el otro en noviembre en Baltimore– el Fiscal se pronunció en ese sentido.
Por otro lado, en un fallo de mayo de 1994, la Corte Constitucional despenalizó el
consumo de la dosis personal. En efecto, a raíz de una demanda a la Ley 30 de 1986, la
Corte declaró inexequibles los artículos 51 y 87 de la misma, fundamentando la sentencia
en el marco de la dignidad humana, de la autonomía personal y del libre desarrollo de la
personalidad.
Washington hizo
sentir su desagrado
Los tres fenómenos –las
propuestas del Congreso, la opinión del Fiscal y la determinación de la Corte
Constitucional–, situaron la polémica sobre la legalización en un punto
cualitativamente diferente. Se multiplicaron los pronunciamientos, reflexiones y criterios
sobre el tema, al tiempo que las posturas y expresiones fueron más sofisticadas que en el
pasado.
Sin embargo, las voces en
favor de la legalización no convergieron en un movimiento más amplio e influyente. El
Gobierno asumió una ofensiva rápida y decidida en contra de la tesis legalizadora.
Washington hizo sentir el peso de su desagrado: muy pronto, en privado y hasta en
público, funcionarios estadounidenses comenzaron a referirse al país como una inexorable
narcodemocracia.
El fantasma omnipresente de
los narcocasetes (que revelaron los aportes del narcotráfico a la campaña presidencial
de Ernesto Samper) y la realidad de la diplomacia coercitiva estadounidense hicieron
trizas cualquier expectativa de que Samper, presidente de Colombia en 1994, retomara su
tesis de 1979 en favor de la legalización. El deseo y la fuerza de supervivencia
política de Samper lo hicieron que optara, en la nueva coyuntura, por la
criminalización, en vez de la legalización.
Sin embargo, desde mediados
de los 90 aparecieron nuevas voces en el debate sobre la legalización que, desde un plano
distinto, se mostraron a favor de esa tesis. Estas voces no surgieron desde los sectores
ilustrados ni desde el Estado, sino desde "abajo hacia arriba" y desde espacios
institucionales previamente impensables. Por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, el
religioso Bernardo Hoyos Montoya, apoyó la legalización de las drogas. Monseñor
Belarmino Correa Yepes, vicario apostólico de San José del Guaviare, impulsó la
despenalización del cultivo de coca y del consumo de cocaína.
Los gobernadores del Meta,
Tolima, César, Arauca y Guaviare (todos afectados tanto por el cultivo y procesamiento de
las drogas, como por la violencia generada por el narcotráfico, por el
narcoparamilitarismo y por los vínculos locales entre grupos guerrilleros y traficantes
de drogas) propusieron la legalización de las drogas
En varias ocasiones, la
congresista Ingrid Betancourt, acompañada por el entonces representante Carlos Alonso
Lucio, indicó la pertinencia de estudiar el tema. Incluso las Farc se manifestaron: el 29
de marzo de 2000 –casi exactamente a 21 años del pronunciamiento originario de
Ernesto Samper– el secretariado del Estado Mayor de las Farc opinó en favor de la
legalización de las drogas "como única alternativa para eliminar el
narcotráfico".
Todos estos antecedentes
muestran la creciente manifestación social y estatal en torno al tema, así como la
enorme dificultad de avanzar en serio en el mismo. La legalización efectiva de las drogas
se hará realidad sólo el día en que los mayores polos de consumo de drogas y de lavado
de narcodólares decidan poner fin al prohibicionismo; fuente mayor de la terrible
tragedia que ha vivido Colombia en los últimos cinco lustros.
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